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Equivocada pretensión oficial

El Gobierno no quiere admitir que hay numerosos hechos que afectan la confianza en nuestro país

Varios funcionarios del gobierno nacional, incluyendo a la presidenta de la Nación, a la titular del Banco Central y al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros, han expresado su disgusto por la circunstancia de que la Argentina no ha recibido internacionalmente la calificación de "grado de inversión" (investment grade , en inglés), con la cual se distingue a los países con menor riesgo crediticio y más seguros para las inversiones.

El funcionario a cargo de la CNV, Alejandro Vanoli, es quien más se explayó sobre este tema. Hizo una severa crítica de las calificadoras de riesgo y las acusó de no tener en consideración el crecimiento de la economía argentina de los últimos años y de no haber observado, según él, que la Argentina, junto con muy pocos países, mantuvo en 2009 una evolución positiva del PBI. Claro está que este funcionario, como las otras voces oficiales, sólo leen las estadísticas del Indec, que justamente en lo que hace a la variación del PBI en 2009 discrepa de todas las mediciones serias y no toma en cuenta un sinnúmero de otras variables y circunstancias negativas.

De hecho, no sólo las calificadoras sino también miles de inversores de todo tipo y geografía brindan diariamente su opinión al operar con títulos emitidos por el Estado argentino. Los precios a los cuales compran y venden quedan definidos por la rentabilidad que se pretende de ellos de acuerdo con sus condiciones de pago y el riesgo percibido de que esos pagos fallen o se reestructuren.

El llamado riesgo país mide la diferencia entre la rentabilidad en los títulos públicos argentinos nominados en dólares y la que se obtiene con bonos del Tesoro de los Estados Unidos de similar duración. Pues bien, el riesgo país argentino oscila en los altos niveles de Venezuela, que expone una economía plagada de dificultades e inseguridades y que hoy ahuyenta hasta a los inversores más audaces.

Lamentablemente nuestro país no sólo es evaluado en niveles poco deseables por las calificadoras de riesgo, sino también por diversas instituciones que elaboran rankings internacionales. Transparencia Internacional nos otorga el puesto 106º entre 180 países considerando el grado de corrupción. Ningún funcionario puede ignorar, además, que el gobierno nacional aún mantiene impaga una parte no desdeñable de su deuda pública y que no ha aceptado las misiones de evaluación del Fondo Monetario Internacional (como sí lo han hecho todos los demás miembros del G-20), que son de rutina en prácticamente todos los países miembros.

El caso del Indec es citado en el mundo como un ejemplo de falsedad estadística, y en los informes de organismos internacionales se aclara en notas al pie que las cifras oficiales de la Argentina se contradicen con otras informaciones confiables.

Tampoco se puede ignorar que el superávit fiscal ha desaparecido a pesar de los forzados artificios contables, tales como considerar ingreso corriente las transferencias de utilidades no genuinas del Banco Central o los fondos jubilatorios confiscados. No puede obviarse el cúmulo de sentencias judiciales adversas a la Anses que este organismo simplemente no paga, además de las 340.000 causas en trámite que piden el mismo reconocimiento de ajustes reconocidos en el caso Badaro.

Al estatizarse el sistema de jubilaciones y gastarse los fondos confiscados, en el futuro habrá que afrontar sin recursos los pagos que ordene la Justicia y los más de dos millones de jubilaciones recientes sin aportes.

Si quienes ahora se quejan desde el oficialismo hubieran analizado la evolución del gasto público y observado que ha aumentado nada menos que en diez puntos del producto bruto por encima de su promedio histórico, concluiría, como lo hacen las calificadoras de riesgo, que el gobierno argentino tendrá problemas para cumplir con sus compromisos financieros luego de que consuma los fondos gerenciados por las AFJP de los que se apropió o las reservas de las que nunca debió haberse apropiado.

Mejor harían nuestros funcionarios en esforzarse por corregir todos los desvíos y errores cometidos, en lugar de impugnar y poner absurdamente bajo sospecha a quienes no hacen más que recoger los datos de una realidad que, aunque nos duela, resulta más que evidente.

Jueves 24 de junio de 2010

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