De Narváez camina la provincia, pero no abandona la lucha judicial por la presidencia
Sigue trabajando para que se le permita competir por la primera magistratura; la presentación está prevista para antes de fin de año; los ejes del planteo
Francisco De Narváez dice que será candidato a gobernador bonaerense y dedica buena parte de su energía proselitista a recorrer la provincia. Pero no abandona la pelea judicial para poder competir por la presidencia. Admite que el desafío no es fácil, pero persigue un objetivo político claro: estar en igualdad de condiciones cuando le toque sentarse a la mesa de presidenciables del Peronismo Federal de la que saldrá el nombre para disputar la sucesión de Cristina Kirchner.
El escollo es contundente y surge del artículo 89 de la Constitución Nacional, que establece que para ser elegido presidente es requisito haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo en caso de haber nacido en el exterior. De Narváez nació en Colombia, al igual que su padre, y su madre en Praga.
La decisión de llevar el tema a la Justicia, que se concretará en la segunda mitad del año, está firme pese a las horas de campaña en tierra bonaerense y a los movimientos en el seno del PF. "Sigue todo en pie porque lo que vamos a plantear es una cuestión de derecho que va más allá de si Francisco es o no candidato", dijo a lanacion.com el diputado nacional y mano derecha de De Narváez Gustavo Ferrari. El abogado vinculó la presentación judicial con el posicionamiento de su jefe al momento de negociar con sus pares (y rivales) del PF. "Tenemos que ponernos en igualdad de condiciones, pararnos en el mismo escalón, aun cuando [De Narváez] termine no siendo candidato a presidente en 2011. Tranquilamente podría serlo en 2015", deslizó.
Ferrari está al frente del equipo de alrededor de 20 expertos, constitucionalistas incluidos, que desde el 29 de junio del año pasado (no bien De Narváez derrotó a Kirchner en las legislativas) trabajan en la presentación que, descuentan, terminará en manos de la Corte Suprema.
Antecedente. Según pudo reconstruir lanacion.com, el planteo judicial gira en torno a cuatro ejes. El primero es el fallo de la Suprema Corte bonaerense que, por 6 votos a 1, habilitó a De Narváez para ser candidato a gobernador en 2007. Aunque la diferencia entre los cargos y jurisdicciones es evidente, la presentación hará eje en que los límites impuestos por el artículo 121 de la constitución provincial son los mismos que fija la Carta Magna en el artículo 89, por lo que, evalúan, el máximo tribunal estaría en condiciones de adoptar el mismo criterio respecto de la candidatura a presidente.
Más allá de esta "cercanía" entre las constituciones, el equipo de De Narváez aspira a que la Justicia haga una interpretación "dinámica y armoniosa" y no literal del artículo 89. Es decir, que contemple las particularidades del caso y considere la necesidad de adaptar la norma a los tiempos que corren. "Las restricciones se pensaron como una forma de resguardar el interés nacional en plena consolidación del Estado. A esta altura, no se justifican", razonan cerca del diputado. Sin embargo, por como está redactado el artículo, parece difícil que prospere una lectura "elástica" de la letra de la Constitución.
¿Discriminado? Por eso, más allá de la interpretación flexible con la que se ilusionan, harán hincapié en que el artículo de la discordia atenta contra el principio de igualdad consagrado por la Constitución Nacional y por los tratados de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la Carta Magna con la reforma de 1994, que en su artículo 26 establece que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección".
Para el equipo del diputado, si la Corte le prohibiera a De Narváez ser candidato estaría atentando contra el principio de igualdad, también consagrado por el artículo 16 de la Constitución, y avalando así lo que llaman una "división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". No tienen dudas de que prohibirle ser candidato implicaría un acto de discriminación.
Por otra parte, invocarán el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, también incorporado a la Constitución, que establece el derecho a "votar y ser elegido". El mismo tratado indica que corresponde a cada país dictar las leyes que reglamenten el ejercicio de esos derechos y que cada Estado debe hacerlo "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".
Esta última disposición atenta contra parte de los argumentos de De Narváez, ya que valida los límites fijados por la Constitución en el artículo 89. Sin embargo, no va en línea con lo dispuesto por el ya mencionado Pacto de Derechos Civiles y Políticos. "La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social", dice el tratado en el artículo 26. Para el equipo de De Narváez, este "conflicto entre pactos" debería ser resuelto por la Corte y a su favor. Entienden que en una discusión entre "más o menos derecho" debe primar la norma que otorga más derecho.
Razonabilidad. También se pondrá en juego el principio de razonabilidad, citado por varios jueces de la Corte bonaerense que respaldaron la candidatura a gobernador de De Narváez. El planteo hará foco en que el empresario reúne varias condiciones por las que privarlo del derecho a postularse para ser presidente no sería razonable. Entre esas se destacan: que se radicó en la Argentina junto con su familia cuando tenía cuatro años, que obtuvo la ciudadanía argentina en 1992 (para los amantes de las efemérides, fue el 8 de octubre, el mismo día que nació Perón), que su madre se nacionalizó en 1970 y que fue electo diputado nacional en 2005 y 2009.
"Si la nacionalidad como requisito para ejercer la presidencia se pensó como una suerte de garantía respecto de que quien ocupe el cargo va a velar por los intereses de la Argentina y de arraigo, De Narváez tiene todo a favor: su familia, sus hijos y sus empresas están en la Argentina", afirman.
Nadie cerca de De Narváez niega que conseguir un fallo positivo será difícil. Saben que lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la habilitación de un candidato que podría llegar a complicar los planes electorales de Néstor Kirchner. Más allá de los argumentos jurídicos, el peso político del debate judicial (y su resolución) es insoslayable.
Hay otro dato ineludible. Más que sus chances de ser candidato a presidente, De Nárvaez pelea por el capital político con el que enfrentará los próximos tiempos: meses de negociaciones cruciales para el armado del mapa electoral de 2011.
Por Lucrecia Bullrich
De la Redacción de lanacion.com
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