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Expectativa ante el posible levantamiento temporal del corte en Gualeguaychú

Los asambleístas votarán esta noche si aceptan una tregua por 60 días para negociar el control a la planta; Mujica se mostró a favor de una inspección conjunta

Apenas un día después de que el presidente de Uruguay se mostrara a favor de un control conjunto de Botnia y en medio de la fuerte presión del Gobierno, los asambleístas decidirán hoy si levantan o no el corte en Gualeguaychú, aunque llegado el caso será temporario, para dar luz a un espacio de negociaciones.

En medio de ese escenario, agravado por la denuncia penal contra algunos de sus dirigentes por parte de la Presidenta, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidirá esta noche si levanta por 60 días la barrera que desde hace más de tres años y medio impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

La intención de levantar temporalmente el corte apunta a ofrecer un gesto de distensión hacia el Gobierno. A cambio, los asambleístas le pedirán a la Casa Rosada que exija a Uruguay el establecimiento de un monitoreo ambiental binacional dentro de la pastera UPM (ex Botnia), instalada frente a las costas del río Uruguay.

El plazo de 60 días de tregua coincidirá con los 60 días que la Presidenta y su par uruguayo, José Mujica, fijaron para coordinar el estudio y control del impacto ambiental de la pastera, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El desgaste por una protesta que comenzó hace siete años y el decreciente apoyo de la sociedad local al corte, admitido hasta por los sectores más duros en la última asamblea, que se celebró el domingo, aumentan las posibilidades de que los vecinos apoyen la idea de levantar temporalmente la barrera en Arroyo Verde.

Anoche, el presidente uruguayo José Mujica envió un mensaje conciliador a los ambientalistas, al sugerir que está dispuesto a aceptar que los controles sobre el impacto de la fábrica de celulosa se realicen en forma conjunta, incluso dentro de la planta, aunque para eso exigirá condiciones de respeto a la empresa y a los protocolos internacionales que rigen esas inspecciones.

El gobierno anterior, conducido por Tabaré Vázquez, había estado cerrado a esa posibilidad, por considerar que eso no estaba comprendido en el tratado bilateral y porque, además, se trataba de un asunto de soberanía.

Miércoles 16 de junio de 2010

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