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Complicar el conflicto, para no resolverlo

El Gobierno decidió no obedecer un fallo judicial y, para evitar despejar el corte del paso fronterizo, desarrolla una política de doble discurso que en lugar de solucionar los problemas, los agrava.

Durante cuatro años, el Gobierno avaló el corte del paso fronterizo. A tal punto fue así que el ex presidente Néstor Kirchner definió la lucha de los asambleístas como una causa nacional y, haciéndose eco del reclamo popular, promovió una demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En esos momentos, se evaluaba que esa política, tal vez, le sumaba votos.

Pero desde 2006 hasta ahora las cosas cambiaron. Las relaciones exteriores entre la Argentina y Uruguay sufrieron un fuerte desgaste. El Gobierno hizo sucesivos desplantes al ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez y le está haciendo pagar un fuerte costo político interno a su sucesor, José Mujica. Y el deterioro comercial corrió parejo.

Además, hace un mes y medio la Corte de La Haya dictó un fallo favorable a Uruguay y nuestro gobierno aún se niega a aceptar las consecuencias del fallo. ¿Cómo podrá, entonces, exigirle a Uruguay que cumpla con su parte del monitoreo de la contaminación?

Por otra parte, durante cuatro años, la justicia federal había dictado tres resoluciones en las que ordenaba liberar el tránsito. No era necesario que el juez federal Gustavo Pimentel dictase, anteayer, una nueva orden, pero lo hizo, y le recordó a la Gendarmería que tiene todas las atribuciones que le da la ley procesal para ejecutar la orden.

Cuando hace quince días la Presidenta le dijo a José Mujica que el levantamiento del corte dependía de que el juez dictase una medida judicial, le ocultó que el Gobierno, hasta ahora, se resistió a cumplir esos fallos. Y, en ese momento, la primera mandataria desperdició la oportunidad de ponerle fin al corte en ese mismo instante, sin riesgos físicos para los muy pocos asambleístas que estaban en el lugar.

El fallo judicial no necesita ser más explícito ni es opinable. Las autoridades políticas y la Gendarmería tienen libertad para determinar cómo se ejecuta esa orden, pero no pueden dilatar su cumplimiento. Para salir del brete, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "el fallo es de cumplimiento imposible". El Gobierno, hasta ahora, fracasó en hallar una respuesta política, pero tampoco parece aceptar una solución judicial. Y, contra todo lo que siempre dijo, criminaliza la protesta, pero no busca una verdadera salida.

Por Adrián Ventura

Jueves 10 de junio de 2010

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