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Riachuelo: echaron a una funcionaria

Es la titular de la Agencia de Protección Ambiental; la reemplaza Javier Corcuera; rumores sobre el alejamiento de Bibiloni en la Nación

A 48 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimara a los Estados nacional, bonaerense y porteño a ampliar un informe oficial, al que calificaron de incompleto, el plan de saneamiento del Riachuelo se cobró un nuevo funcionario.

Ayer Graciela Gerola, presidenta de la Agencia de Protección Ambiental porteña (APA) tuvo que presentar su renuncia. Aunque en el gobierno indicaron que se trató "exclusivamente de diferencias personales entre ella y el ministro de Ambiente, Diego Santilli", LA NACION pudo saber que la flaca actuación de la funcionaria en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el desprolijo manejo del conflicto con la provincia de Buenos Aires por las 10 toneladas de pilas acopiadas y sin destino que tiene la ciudad, fueron los detonantes.

La decisión del máximo tribunal también provocó rumores sobre la posibilidad de un cambio en la Secretaría de Ambiente de la Nación, aunque la versión no pudo ser confirmada. Hoy la Corte cuestiona tanto la actuación de la ciudad, como de la nación y de la provincia de buenos Aires en el manejo del saneamiento del Riachuelo. Cabe recordar que esa cuestión fue también decisiva cuando el gobierno nacional decidió el alejamiento de Romina Picolotti de ese organismo, antecesora de Bibiloni.

Sustituto
En reemplazo de Gerola asumirá Javier Corcuera, un especialista en temas ambientales y ex director de la Fundación Vida Silvestre Argentina. En la actualidad, es representante de la Fundación Avina en el país. Será la limpieza del río más contaminado de la Argentina uno de los temas a los que se abocará de inmediato, según dijeron sus allegados a LA NACION.

"Queremos dar impulso a la agenda verde: profundizar las acciones en el saneamiento del Riachuelo y Corcuera es un experto en la materia. También hay que resolver el tema de las pilas. Lo que quiero destacar es que se seguirá trabajando con los recursos de la Agencia cuya institucionalidad sigue intacta".

La Corte determinó que la presentación de la Acumar, en abril pasado, no da adecuada respuesta al informe requerido por el alto tribunal, pues no establece, respecto de todos los objetivos y resultados, "las pautas cuantitativas exigidas ni el grado en que ha sido alcanzado, mediante el concreto porcentaje correspondiente a cada uno de los contenidos".

Hace casi dos años el máximo tribunal determinó que los Estados nacional, bonaerense y porteño sanearan el Riachuelo y estableció plazos para cada una de las acciones que debían estar cumplidas. En su mayoría, están vencidos.

Según los cálculos oficiales, el saneamiento del Riachuelo insumirá $ 23.801 millones hasta 2024. Entre 2006 y 2009, se invirtieron $ 3114 millones. Sobre el presupuesto para este año no hay un detalle oficial.

Otro tema polémico que tiene la APA por resolver es el destino de las 10 t de pilas acopiadas en un depósito del gobierno porteño. La provincia de Buenos Aires se niega a recibir las baterías agotadas, que son residuos peligrosos, y la ciudad de Buenos Aires no tiene un lugar donde darles tratamiento.

A principios de este mes la presidenta de la Auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Sandra Bergenfeld, se presentó ante la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (Ufima) ya que se había adjudicado a una empresa radicada en la provincia el trataxmiento del material.

"La adjudicación para el transporte, tratamiento y disposición final de pilas y baterías agotadas en la provincia es a todas luces inconstitucional y nula por ilegítima. Le pedí al fiscal que investigue esta situación y determine si existió o no un delito ambiental", dijo Bergenfeld. El artículo 28 de la Constitución bonaerense prohíbe el ingreso de desechos tóxicos y radiactivos a ese territorio.

"La ciudad se convirtió en generadora de residuos peligrosos al acopiar 10 t de pilas sin programar adecuadamente su disposición final", agregó Bergenfeld.

La APA se creó en la ciudad de Buenos Aires después de la reforma de la ley de ministerios que impulsó el gobierno macrista. Es un ente autárquico que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Bajo su órbita está la protección del ambiente y por eso está a cargo de las inspecciones y de velar por el cumplimiento de las normas que rigen en la Capital.

También es la agencia la que forma parte de la Acumar. Lo hace en representación de la ciudad de Buenos Aires.

Laura Rocha
LA NACION

Sábado 29 de mayo de 2010

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