El control de la noche porteña está bajo sospecha. O dicho de otro modo: el gobierno de la ciudad todavía no desterró las irregularidades en las habilitaciones de algunos pubs y boliches que debieran estar cerrados por no cumplir con los requerimientos que exige la ley en materia de seguridad. Hoy, en la Capital, hay sitios públicos sin permiso para la actividad de baile; sin embargo, nada ni nadie les impide que lo concreten; algunos, incluso, no poseen una salida de emergencias acorde a la normativa ni la cantidad de matafuegos necesarios, pero trabajan a pleno durante toda una noche. Hay otros que poseen un timbre en la puerta para anunciar el arribo sorpresivo de los inspectores, alarma que sirve para que se baje la música de inmediato y se frene la venta de alcohol a menores.
"Hacemos lo que nos conviene, pero no hay problema", parece ser el leit motive de la nocturnidad porteña, hasta que el problema, paradójicamente, se presenta. Y ocurre una tragedia. Un segundo fatal en el que puede desplomarse un entrepiso en pésimas condiciones y matar a dos personas, como sucedió en el boliche Beara, el 10 de septiembre pasado. O puede haber 194 víctimas asfixiadas, como en Cromagnon, en diciembre de 2004. ¿Qué ocurre, entonces? "Nosotros hicimos varios controles y estaba todo en orden", dirá la ciudad. "Teníamos todo en regla", retrucará el dueño del boliche. Muchas excusas, pocas certezas, ningún responsable. Historia conocida, esa de exculparse achacando los males a otros.
¿Son seguros los boliches en la Capital? ¿Estamos bien cuidados por el Estado? La duda nos carcome y hay fundadas razones que acreditan la sospecha. Hoy existen situaciones irregulares en los controles como también carencia de conciencia social empresaria, que nos ahuyenta la tranquilidad. Quedan algunos funcionarios poco interesados en ser garantes de la seguridad del vecino como inescrupulosos dueños de boliches dispuestos a todo para ahorrar camino y acrecentar sus ganancias.
Es cierto que el problema mayor sigue aún sin resolverse, tarea que tiene por delante el nuevo director de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez. Se trata de clausurar los mecanismos de coimas para habilitar boliches con actividad de baile. ¿No es llamativo que para hacer ese trámite en la Capital pueda demorarse hasta más de un año? Curiosamente, para acortar esos plazos está el dinero "extra", no contemplado en la ley ni en ningún recibo. Dinero para que los benditos gestores o intermediarios hagan posible que el proceso de habilitación vaya por un camino seguro.
Este mecanismo, que en algunos casos alcanza el pago de hasta 25.000 dólares para la habilitación de un local con actividad de baile clandestina, al empresario le facilita las cosas. Y al funcionario, intermediario o inspector, tal vez, lo haga más rico. Aunque hoy, la forma de ganar dinero rápido con la diversión nocturna es, para los bolicheros, alquilando viejas y grandes casonas, donde se realizan fiestas privadas los fines de semana sin necesidad de resoluciones 1010, certificados de bomberos ni salidas de emergencias. Todo encubierto detrás de un peligroso disfraz.
Así lo contaron, hace pocos días, siete dueños de pubs de la noche porteña, que le pidieron a este periodista resguardar su identidad. Y también lo corroboran funcionarios y ex funcionarios porteños. El descargo empresarial es coincidente: como es imposible tramitar la bendita habilitación de un local de baile, se ahorran tiempo y dinero con estas nuevas estrategias de alquiler o con el pago de incentivos a gestores o funcionarios. Algunos lo llaman así, "incentivos", al monto que desembolsan para acelerar las habilitaciones o evitar las tediosas inspecciones. Otros, definitivamente le dicen "coima". De una o de otra manera, tiene el mismo significado: el no respeto por la vida del otro. ¿Pueden nuestros hijos salir tranquilos a los boliches de la ciudad? Falta bastante, todavía, para terminar con el aceitado engranaje de la irregularidad que rige la noche porteña.
Por Pablo Tomino
Especial para lanacion.com
@prtomino