MIAMI. Como muchos, celebré la noticia de que una jueza suspendió las partes más duras de la xenofóbica ley inmigratoria de Arizona la semana pasada. Pero cuanto más lo pienso más temo que la decisión judicial será contraproducente para los hispanos.
El dictamen suspende las provisiones de la ley de Arizona que permiten a la policía local exigir documentos a cualquier persona por la mera sospecha de que reside ilegalmente en el país. Eso podría haber llevado a que la policía interrogara a todos los hispanos con quienes entra en contacto, sean residentes legales o no, sólo por su aspecto.
Pero contrariamente a la opinión generalizada de que el fallo fue una victoria de las fuerzas pro inmigración, podría tener un impacto negativo en las elecciones legislativas de noviembre y terminar resultando perjudicial para los inmigrantes.
En primer lugar, la resolución judicial fue sólo el primer paso de lo que probablemente sea una prolongada batalla legal. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, una abierta defensora de la ley estatal, anunció que ha apelado el dictamen y que está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Los defensores de la ley estatal y de otras leyes similares, que han sido presentadas en 17 estados, dicen que ante la inacción del gobierno federal los estados deben tomar medidas propias para detener el flujo de inmigrantes ilegales. El gobierno de Barack Obama y los grupos pro inmigración dicen que la ley de Arizona viola derechos fundamentales y reclaman una reforma inmigratoria integral.
En segundo término, el dictamen judicial posiblemente sirva para energizar a los republicanos en las elecciones de noviembre. Los grupos republicanos que apoyan la ley de Arizona lo utilizarán como grito de guerra que aliente a votar contra el gobierno y elegir un nuevo Congreso más favorable a medidas draconianas contra la inmigración.
"Temo que la consecuencia no buscada de este dictamen sea redoblar los esfuerzos de los partidarios de la ley de Arizona a nivel nacional en detrimento de los inmigrantes", me dijo el profesor de leyes de Temple University Peter Spiro.
En tercer lugar, y lo más importante, la noticia de la suspensión de las partes más severas de la ley puede llevar a que muchos hispanos pierdan interés en votar en noviembre. Sin el apoyo de los hispanos, muchos candidatos que se oponen a leyes como la de Arizona podrían perder las elecciones, y eso podría dar lugar a un Congreso más "duro" en materia migratoria.
Obama ganó la presidencia con el 67% del voto hispano. Pero una nueva encuesta de AP y Univisión dice que sólo el 57% de los hispanos aprueba su gestión actualmente.
"Definitivamente, el mayor temor del Partido Demócrata es que los hispanos no vayan a votar en noviembre", me dijo el encuestador demócrata Sergio Bendixen. "Si los hispanos no salieran a votar, el partido podría sufrir pérdidas mucho mayores que las esperadas."
Aunque pocos encuestadores predicen que los republicanos se apoderarán de la Cámara de Representantes, muchos afirman que pueden ganar en el Senado.
Mi opinión: sé que esto suena raro, pero si la jueza no hubiera bloqueado las partes más severas de la ley de Arizona, la legislación estatal podría haber muerto por causas naturales. La policía de Arizona pronto se hubiera dado cuenta de que no tiene recursos para actuar como agente federal de inmigración ni ganas de ser vista a nivel mundial como un símbolo de prácticas racistas.
Si la ley estatal hubiera entrado en vigor intacta, el enojo en la comunidad hispana se hubiera traducido en una votación masiva a favor de los demócratas en noviembre, lo que ayudaría al oficialismo a conservar la mayoría en ambas cámaras del Congreso y luego negociar una reforma inmigratoria integral desde una posición de fuerza.
Ahora será más difícil que los hispanos vayan masivamente a las urnas, y podríamos terminar con un nuevo Congreso con más legisladores antiinmigrantes que el actual. Ojalá me equivoque, pero es una posibilidad real.