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El fin de los superpoderes

El Congreso debe terminar con delegaciones legislativas que son una burla a los órganos deliberativos

Con frecuencia, el ex presidente Néstor Kirchner ha denunciado la existencia de una "máquina de impedir", a la que asocia con la oposición. Pero, con frecuencia también, esa denominación sólo hace referencia al conjunto de frenos y contrapesos que la Constitución nacional ha establecido para evitar los abusos del Poder Ejecutivo.

Recientemente, el propio doctor Kirchner adelantó que, si él fuera presidente de los argentinos, no dudaría en vetar un recorte de los llamados superpoderes que analiza en estos días el Congreso de la Nación.

Semanas atrás, la Cámara de Diputados, con 136 votos a favor y 90 en contra, dio media sanción a un proyecto de ley que elimina las facultades legislativas delegadas oportunamente al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación para reasignar partidas presupuestarias.

La Constitución nacional, en su artículo 76, prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

Sin embargo, al reformarse en 2006 la ley de administración financiera, a instancias del kirchnerismo en el Congreso, aquel requisito constitucional no fue cumplido, ya que se otorgaron al Poder Ejecutivo delegaciones legislativas en forma permanente.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deja sin efecto el artículo de esa ley por el cual se convirtió en permanente la facultad de reasignar recursos presupuestarios por el jefe de Gabinete.

La iniciativa impulsada por la oposición también ratifica que cualquier cambio en el destino de una partida presupuestaria sólo podrá ser resuelto por el Poder Legislativo. Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo ya no podrá asignar, sin acuerdo del Congreso, los excedentes de recaudación no previstos en la ley de presupuesto del año en curso ni usar recursos de otras fuentes de financiamiento, como la Anses o el Banco Central, sin el consentimiento parlamentario.

Si la norma propuesta es convertida en ley por el Senado, el Congreso estará haciendo una contribución al principio de la división de poderes y enmendando un error que ha derivado en un exceso de atribuciones para el Ejecutivo, que entre 2003 y 2009 reasignó partidas por casi 150.000 millones de pesos sin el acuerdo parlamentario previo.

Si se da esa circunstancia legislativa y el Poder Ejecutivo veta la ley, cada cámara del Congreso, de acuerdo con la Constitución, estaría forzada a obtener dos tercios de los votos para insistir en la norma.

Ante una hipótesis semejante, se daría el colmo por el cual el Congreso, para restaurar el imperio de la Constitución, estaría obligado a recurrir a una mayoría especial.

El ejercicio de las potestades de los poderes políticos nunca puede ser arbitrario o absoluto. El sentido del veto presidencial no puede pasar por la intención de paralizar al Congreso ni por la búsqueda del predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo.

Del mismo modo, en tanto la delegación legislativa al Ejecutivo es una potestad del Congreso que en principio está prohibida por el artículo 76, no parece concebible que el Ejecutivo pueda evitar, por medio del veto, el recorte de un uso excesivo de esa delegación.

El mantenimiento de los llamados superpoderes, y más aún la intención del gobierno nacional de mantenerlos a cualquier precio, sólo contribuirá a agrandar la deformación institucional que existe en la Argentina, en virtud de un método que se asocia con la extorsión para extender espacios de poder en beneficio de una fracción gobernante.

Hay quienes equivocadamente creen que sin un Congreso efectivo la gestión de gobierno deviene más dinámica. Se trata, claramente, de una falacia. Los superpoderes, como el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, son una forma de burlarse de los órganos deliberativos para imponer la simple voluntad del administrador. Ninguna democracia podrá ser dinámica sin respeto por las instituciones y por el principio de la división de poderes.

Martes 6 de julio de 2010

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